La
mayoría parlamentaria independentista se sirvió de una interpretación
absolutamente forzada del artículo 81.3 del Reglamento del Parlament
para crear ad hoc un procedimiento exprés para aprobar las llamadas
“leyes de desconexión” (los textos que llevaban por título “ley del
referéndum de autodeterminación de Cataluña” y “ley de transitoriedad
jurídica y fundacional de la república”), contra el criterio de los
servicios jurídicos del Parlament y del Consell de Garanties
Estatutàries, abusando de la mayoría independentista de la Mesa del
Parlament.
La
aprobación de dichos textos suponía el intento de derogar en la
práctica la vigencia del Estatuto de Autonomía y de la Constitución en
Catalunya y su sustitución por una legislación de excepción, sin seguir
los procedimientos previstos para la iniciativa de la reforma de la
Constitución o el Estatuto, ni atenerse a las mayorías necesarias, sin
tener competencia para ello y, además, atropellando los derechos de las
minorías parlamentarias y, con ellos, los de la ciudadanía a la que
representaban. En este caso, además, los diputados y diputadas que se
oponían a la aprobación de tales textos representaban a más ciudadanos
que los representados por la mayoría parlamentaria independentista. Cabe
señalar que, además, lo que se pretendía convocar era un plebiscito
respecto a una decisión ya tomada, por cuanto la derogación del Estatuto
y de la Constitución en la práctica ya se habría aprobado por el
Parlament.
Todo
ello revela una concepción del principio democrático que, si solo se
ciñe a la regla de la mayoría, no resulta en absoluto democrático. La
regla de la mayoría es fundamental, pero es preciso complementarla con
la existencia de procedimientos y de sus garantías, y con el respeto a
los derechos de las minorías, para poder constatar la adecuación al
principio democrático. Del mismo modo, no puede considerarse propiamente
ley cualquier texto votado por una Cámara, sino que lo es el texto
aprobado por el órgano competente para hacerlo, siguiendo los
procedimientos reglados, y con las mayorías necesarias.
Dicho
de otro modo, una mayoría parlamentaria no lo puede todo. La sumisión
de los poderes públicos, incluido el legislativo, es una conquista
democrática irrenunciable y una regla muy sensata para permitir la
convivencia en sociedades plurales y complejas, con distintas visiones e
intereses. Las reglas y procedimientos, las mayorías reforzadas
exigidas para aprobar cambios en el marco de convivencia, o los límites
constitucionales y estatutarios no impiden el cambio de las leyes y de
las políticas, o del propio marco de convivencia, simplemente les
ofrecen un cauce para evitar que el abuso o la arbitrariedad de una
mayoría coyuntural pueda lesionar derechos.
Por
ello fue prudente el Parlament de Catalunya al exigir un apoyo mínimo
de 2/3 de sus miembros para iniciar procesos de reforma estatutaria o
para aprobar la ley electoral catalana. Por ello resulta un sinsentido
que se pretenda impulsar una ruptura que no tiene ni siquiera el apoyo
parlamentario necesario para una reforma.
De
todo ello eran, sin embargo, muy conscientes muchos integrantes de la
mayoría parlamentaria. De ahí su incomodidad durante las tensas sesiones
parlamentarias de los días 6 y 7 de septiembre de 2017, y su intento
permanente de minimizar la gravedad de los hechos que protagonizaron y
su significación política.
Depende
de cada uno de nosotros y de nosotras, de la ciudadanía en su conjunto y
de sus representantes tratar de aprender de lo acaecido en la política
catalana en los últimos años, en los días 6 y 7 de septiembre, y en los
posteriores hasta la fecha, para tratar de construir un proyecto
político colectivo que pueda ser ampliamente compartido y que nos aleje
de la división y la confrontación permanente que padecemos.
Para
ello la mayoría independentista podría empezar por comprometerse a no
emprender iniciativas de reforma profunda que no cuenten al menos con el
apoyo de 2/3 de los miembros del Parlament.
Miquel Iceta Llorens
Presidente del Grup Parlamentari Socialistes - Units per Avançar
