Lecciones del 6 y 7 de septiembre

Durante las sesiones parlamentarias de los días 6 y 7 septiembre del año pasado, a pesar de nuestras advertencias, se traspasaron líneas rojas que rompieron en dos el Parlament de Catalunya, dividieron a la sociedad catalana y abrieron el camino al desastre político más relevante tras la aprobación de la Constitución y del Estatuto. No es de extrañar que algunos autores, como Daniel Gascón o Pau Luque, lo denominen “golpe posmoderno”. 

La mayoría parlamentaria independentista se sirvió de una interpretación absolutamente forzada del artículo 81.3 del Reglamento del Parlament para crear ad hoc un procedimiento exprés para aprobar las llamadas “leyes de desconexión” (los textos que llevaban por título “ley del referéndum de autodeterminación de Cataluña” y “ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república”), contra el criterio de los servicios jurídicos del Parlament y del Consell de Garanties Estatutàries, abusando de la mayoría independentista de la Mesa del Parlament. 

La aprobación de dichos textos suponía el intento de derogar en la práctica la vigencia del Estatuto de Autonomía y de la Constitución en Catalunya y su sustitución por una legislación de excepción, sin seguir los procedimientos previstos para la iniciativa de la reforma de la Constitución o el Estatuto, ni atenerse a las mayorías necesarias, sin tener competencia para ello y, además, atropellando los derechos de las minorías parlamentarias y, con ellos, los de la ciudadanía a la que representaban. En este caso, además, los diputados y diputadas que se oponían a la aprobación de tales textos representaban a más ciudadanos que los representados por la mayoría parlamentaria independentista. Cabe señalar que, además, lo que se pretendía convocar era un plebiscito respecto a una decisión ya tomada, por cuanto la derogación del Estatuto y de la Constitución en la práctica ya se habría aprobado por el Parlament.

Todo ello revela una concepción del principio democrático que, si solo se ciñe a la regla de la mayoría, no resulta en absoluto democrático. La regla de la mayoría es fundamental, pero es preciso complementarla con la existencia de procedimientos y de sus garantías, y con el respeto a los derechos de las minorías, para poder constatar la adecuación al principio democrático. Del mismo modo, no puede considerarse propiamente ley cualquier texto votado por una Cámara, sino que lo es el texto aprobado por el órgano competente para hacerlo, siguiendo los procedimientos reglados, y con las mayorías necesarias. 

Dicho de otro modo, una mayoría parlamentaria no lo puede todo. La sumisión de los poderes públicos, incluido el legislativo, es una conquista democrática irrenunciable y una regla muy sensata para permitir la convivencia en sociedades plurales y complejas, con distintas visiones e intereses. Las reglas y procedimientos, las mayorías reforzadas exigidas para aprobar cambios en el marco de convivencia, o los límites constitucionales y estatutarios no impiden el cambio de las leyes y de las políticas, o del propio marco de convivencia, simplemente les ofrecen un cauce para evitar que el abuso o la arbitrariedad de una mayoría coyuntural pueda lesionar derechos.

Por ello fue prudente el Parlament de Catalunya al exigir un apoyo mínimo de 2/3 de sus miembros para iniciar procesos de reforma estatutaria o para aprobar la ley electoral catalana. Por ello resulta un sinsentido que se pretenda impulsar una ruptura que no tiene ni siquiera el apoyo parlamentario necesario para una reforma.

De todo ello eran, sin embargo, muy conscientes muchos integrantes de la mayoría parlamentaria. De ahí su incomodidad durante las tensas sesiones parlamentarias de los días 6 y 7 de septiembre de 2017, y su intento permanente de minimizar la gravedad de los hechos que protagonizaron y su significación política.

Depende de cada uno de nosotros y de nosotras, de la ciudadanía en su conjunto y de sus representantes tratar de aprender de lo acaecido en la política catalana en los últimos años, en los días 6 y 7 de septiembre, y en los posteriores hasta la fecha, para tratar de construir un proyecto político colectivo que pueda ser ampliamente compartido y que nos aleje de la división y la confrontación permanente que padecemos.

Para ello la mayoría independentista podría empezar por comprometerse a no emprender iniciativas de reforma profunda que no cuenten al menos con el apoyo de 2/3 de los miembros del Parlament.

Miquel Iceta Llorens

Presidente del Grup Parlamentari Socialistes - Units per Avançar