dijous, 23 de juny de 2011

De que hablamos?

Estos días se hablara mucho, de las retribuciones de los representantes políticos en nuestro municipio. En medio de una grave crisis económica es poco justificable que los que deben servir a la ciudadanía sigan manteniendo “determinados privilegios”. No obstante, para analizar en profundidad este asunto es necesario prestar atención a un aspecto generalmente poco advertido: la infra representación que tenemos las clases populares y determinados sectores sociales en las administraciones publicas.


Son muchas y variadas las causas, pero tienen una misma causa inicial, que no es otro que lo que se denominaba como sufragio censitario, un sistema de votación en el que tanto los electores como los candidatos estaban restringidos y sólo podían elegir o ser elegida una parte de la población, según su nivel de renta, su sexo o su nacionalidad. Éste sistema característico del siglo XIX y de comienzos del XX es totalmente contrapuesto al sufragio universal, sistema actual, consistente en que todas las personas mayores de edad pueden elegir y ser elegidas.

Ahora bien, aunque con este último sistema está claro que todos podemos elegir a nuestros representantes, ¿realmente podemos todos ser elegidos por la ciudadanía? O, mirando el problema desde otro enfoque, tenemos acceso las clases populares la posibilidad de ser elegidos como representantes públicos en igualdad de condiciones respecto a las “clases privilegiadas”. Aunque desde el punto de vista estrictamente legal la respuesta es sí, la realidad es otra.

En el “Ajuntament”, que es la administración más cercana al territorio también se reproduce esa sobrerrepresentación de la élite política, con lo que las clases populares apenas tienen voz que represente sus intereses en las corporaciones municipales.

Son muchas y variadas las razones, la pérdida del puesto de trabajo una vez finalizado el mandato electoral, el perjuicio económico y laboral que causa asistir a órganos de gestión de las administraciones, el no disfrutar de días de permiso en periodo electoral, etc., hacen que las clases populares se alejen paulatinamente de la política, dejando así todo el poder en manos de aquellos estratos sociales (jubilados, profesionales liberales y empresarios) a los que aspirar a un cargo electo y ejercerlo no les causa prácticamente ningún perjuicio. Todos hemos oído en alguna ocasión decir a políticos electos y miembros de algunas determinadas listas decir aquello, “me voy a dedicar a esto de la política ahora que me he jubilado y tengo tiempo”. Esta “élite", minoritaria en la sociedad pero ampliamente mayoritaria en las instituciones, ejerce ocupaciones con ingresos medio-altos y altos. Al pasar a la actividad política, no quieren perder esos privilegios, por lo que se auto adjudican esos salarios que ahora tanto nos escandalizan, a pesar de las posibles incompatibilidades tanto legales como morales. Y la propuesta de Olesa, no está ni de buen trozo en ese tramo que nos haría escandalizar, en todo caso seria de escándalo si la mejoría de los servicios no fuese evidente.

Pero esa discusión en Olesa adquiere otro formato cuando es utilizada por algunos políticos para crear dudas en aquellos sectores que no entienden que las comunidades actuales son cada vez más abiertas y relacionadas, los ciudadanos tienen cada vez mayor pluralidad de territorios de pertenencia y Olesa no tiene nada que ver con la idea tradicional de comunidad aislada, en el cual el “Ajuntament” era el instrumento para gestionar las necesidades comunes del territorio, sino que al margen de estas funciones tradicionales, han de cumplir otra de naturaleza mas política como es la articulación de la convivencia, de integración social, de sostenibilidad territorial, de políticas de igualdad, etc.

Es evidente que por muchos algunos quiera hacernos ver Olesa un municipio económicamente rentable para practicar política, no es verdad, y no es este el objetivo real de la discusión. O tal vez si, ya se verá.

Pero lo que sí que es cierto que el acceso de ciertos sectores sociales a cargos de representación política es una de las formulas que ayuda a reducir y racionalizar los salarios en todas las administraciones públicas y a impedir que los cargos electos vivan de espaldas a la ciudadanía, como ocurre actualmente.

En definitiva, toca hacer una reflexión seria sobre este asunto, o en la práctica no habremos avanzado mucho más de lo que se reflejaba en aquel artículo 15 de la constitución española de 1845, que decía "Solo podrán ser nombrados senadores los españoles que además de tener treinta años cumplidos pertenezcan a las clases siguientes:(...) Ministros de la Corona. Consejeros de Estado, Arzobispos, Obispos, Grandes de España, Capitanes generales del Ejército y Armada (...)".